La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, cerró con un sabor agridulce. Lo que pretendía ser una oportunidad histórica para redefinir las reglas del sistema financiero internacional y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible terminó con un documento final que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, que lamentan su falta de ambición, claridad y voluntad política real.
El texto, denominado “Compromiso de Sevilla”, fue aprobado por una mayoría de países participantes, pero sin el respaldo de algunas potencias clave, como Estados Unidos, cuya ausencia marcó el tono de los debates. Para las ONG, el documento no aporta las soluciones estructurales necesarias para abordar la crisis de deuda que afecta a decenas de países en desarrollo, ni representa un impulso concreto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso amenaza con agravar la desigualdad global.
Antes del evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. Allí se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, autónomo y legalmente obligatorio para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando una participación justa tanto de países acreedores como deudores, evitando que los sacrificios recaigan siempre en los más desfavorecidos. No obstante, el documento aprobado solo menciona de manera imprecisa el inicio de un proceso de discusión en la ONU sobre este asunto, sin concreciones ni plazos definidos.
Según voceros de distintas redes internacionales, la oportunidad histórica de actuar con decisión en este tema fue desaprovechada. Más de 60 países destinan actualmente más del 10 % de su gasto público al servicio de la deuda, superando lo que invierten en salud y educación, mientras los mecanismos actuales de reestructuración siguen siendo opacos, lentos y dominados por instituciones con escasa representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se anticipa otra caída este año, empeorada por las reducciones presupuestarias anunciadas por varios países donantes, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia perjudica directamente a iniciativas cruciales como la vacunación de menores, la protección de personas refugiadas, y el acceso a la educación y salud para mujeres y comunidades en riesgo. El Acuerdo de Sevilla no presenta medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para lograr el objetivo del 0,7 % del PIB prometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque ciertos especialistas subrayan progresos en el plan para aumentar tres veces el límite de préstamos de los bancos de desarrollo multilaterales y el respaldo a acciones fiscales globales, las entidades sociales afirman que esos pasos son inadecuados si no se complementan con una transformación significativa de las normativas que gobiernan la economía mundial. También critican que numerosos países adinerados sostienen un discurso contradictorio: por un lado, ofrecen colaboración; por otro lado, disminuyen presupuestos y elevan el gasto militar.
La falta de presencia de Estados Unidos fue vista por ciertos participantes como una ocasión para que otros poderes, como la Unión Europea o China, asuman el liderazgo en la modificación del sistema. No obstante, esa ausencia también significó la pérdida de uno de los mayores financiadores y figuras cruciales, lo que disminuyó el impacto político de la reunión.
Las ONG coinciden en que la conferencia de Sevilla tuvo elementos positivos, como el reconocimiento de la necesidad de vincular el financiamiento al desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero critican la falta de herramientas concretas para garantizar su implementación. También reclaman que la participación de la sociedad civil sea más vinculante en futuros encuentros, y no solo testimonial.
Con la Agenda 2030 enfrentando desafíos y la deuda mundial en alza, la comunidad internacional veía en Sevilla una ocasión para ajustar las reglas del juego. No obstante, el desenlace generó más interrogantes que esclarecimientos. Para los activistas, el verdadero compromiso se evidencia no en discursos diplomáticos, sino en acciones políticas que redistribuyan los recursos, reconozcan las responsabilidades pasadas y aseguren a todas las naciones el derecho al desarrollo. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según los propios participantes, meras buenas intenciones sin efecto tangible.
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