Los Estados miembros no quieren llegar a las elecciones europeas, de junio de 2024, con el debate migratorio sobre la mesa. Ahora, el aumento de las llegadas, las imágenes de Lampedusa —con la isla saturada y los migrantes arribados en condiciones verdaderamente precarias— y las presiones del Parlamento Europeo empujan a los Veintisiete a acordar el reglamento para gestionar las situaciones de crisis migratoria, fuerza mayor e instrumentalización, una norma que restringe aún más las entradas y solicitudes de asilo, según el último borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Es el último punto (en manos de los socios) del esperado pacto migratorio que la UE lleva años tratando de sacar adelante y que han desbloqueado este jueves en Bruselas los ministros del Interior de la Unión.
Alemania, uno de los principales escollos hasta ahora, ya ha levantado su veto, pero otros como Italia todavía son reticentes a dar completamente por cerrado el acuerdo político. Los técnicos estarían negociando los últimos retoques para sacar adelante un texto común.
Tras semanas de desacuerdos, vetos cruzados y un cada vez más caliente y tensionado debate en torno a la inmigración, los Veintisiete se están acercando a un acuerdo político sobre el reglamento de gestión de crisis, una de las normas clave que impulsa este semestre la presidencia española del Consejo de la UE, que en las últimas horas ha acelerado las discusiones para acordar un texto final. El ministro español del Interior, Fernando Grande Marlaska, que coordina los trabajos sobre el reglamento, ya que España ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE, ha expresado su optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo político.
“Asumiremos nuestras responsabilidades y este compromiso que brillantemente negociado por España”, ha señalado la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, en la reunión. Berlín ha sido una de las capitales más reticentes respecto a la forma de este nuevo reglamento, que permitiría una excepción de las normas comunitarias de asilo a los Estados miembros bajo esa situación de “crisis, fuerza mayor o instrumentalización (como se determinó en el caso de los migrantes que cruzaron las fronteras de varios países del flanco Este, enviados y ayudados por el régimen del bielorruso Aleksandr Lukashenko en 2021). El reglamento restringe aún más la aceptación de solicitudes de asilo y amplía los tiempos de procesamiento (y por tanto bloqueo) de los solicitantes de refugio, según el último borrador, del miércoles por la noche, que ha visto este diario.
Prioridad para menores y personas con necesidades especiales
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El texto, que establece que las autoridades de los Estados miembros tendrán hasta 20 semanas para examinar las solicitudes de asilo en las fronteras, recoge también que las personas con necesidades especiales y los menores tendrán “prioridad”, uno de los puntos que preocupaba a Alemania (sobre todo a los Verdes, uno de los partidos de la coalición gobernante), que ya trató de incluir en los reglamentos anteriores —sin éxito— excepciones claras para los menores y las familias. Las ONG de derechos humanos y las especializadas en inmigración han alertado de que este nuevo reglamento (que además desarrolla qué se considera “instrumentalización y abre mucho la ventana para contentar a los socios del Este) puede crear una zona gris en la que los derechos de los migrantes se vean vulnerados.
Ha pesado la maniobra del Parlamento Europeo, que la semana pasada paralizó las conversaciones para convertir en texto legal dos de los cuatro reglamentos del pacto migratorio que ya habían acordado los países hasta que este último, el de gestión de crisis, se descongelase. Esas conversaciones a tres bandas (los llamados trílogos, con representantes de los Estados miembros, la Eurocámara y la Comisión) son el último punto para transformar en directiva los reglamentos que forman el pacto migratorio y que funcionan en conjunto.
Los dos reglamentos bloqueados por el Parlamento Europeo son los más avanzados. De ahí el acelerón ahora de los Veintisiete y las presiones de la Comisión Europea. Si el pacto no se cierra a final de año, será difícil hacerlo: el próximo semestre, el primero del año, en el que Bélgica ostentará la presidencia del Consejo de la UE, es más corto por las elecciones europeas de junio; después, será el turno de Polonia y de Hungría, dos Estados miembros que vetan cualquier política migratoria común, que se han dedicado a tratar de bloquear el pacto y han llegado a decir, incluso, que no lo cumplirán si sale adelante (no hace falta unanimidad para aprobarlo sino una mayoría de los socios).
Los Estados miembros recibieron unas 520.000 solicitudes de asilo en el primer semestre de 2023, según datos europeos. El aumento de las llegadas de migrantes, que se ha recuperado tras el parón de la pandemia de covid-19, las tensiones entre los países de primera línea (como Italia, España o Grecia) y los que reciben a los migrantes después en los llamados “movimientos secundarios” (como Alemania, Países Bajos o Francia) están tensando las relaciones entre los Estados miembros. El martes, Alemania anunció que impondrá controles temporales en sus fronteras con Polonia y República Checa para frenar la inmigración irregular. Italia ha reclamado más ayuda a la Comisión Europea ante el aumento de llegadas por la ruta del Mediterráneo Central y Francia ha endurecido su discurso sobre inmigración.
Todos estos factores, señalan fuentes comunitarias, fuerza a los Estados miembros a acelerar para cerrar el pacto migratorio y también a explorar nuevos acuerdos con países de origen y tránsito, como el controvertido firmado con Túnez, al que Bruselas se ha comprometido a prestar asistencia financiera —fondos para gestión de fronteras y para el que además aspira a movilizar unos 900 millones de euros de financiación, aunque vinculados a que el Fondo Monetario Internacional apruebe su propio desembolso— a cambio de que gestione los flujos migratorios; es decir, fondos a cambio de que frene las salidas.
“Estamos al borde de llegar al gran acuerdo que la UE necesita tras muchos años de intentos y fracasos”, ha recalcado el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, encargado de “modo de vida europeo”, un asunto en el que se enmarca la inmigración. Schinas ha hablado de “progreso” en el pacto. “Tenemos que mostrar a los populistas y demagogos que la UE puede llegar a un acuerdo”, ha dicho.
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