España pedirá a Bruselas la prórroga de la excepción ibérica más allá del 31 de diciembre | Economía

Todo, absolutamente todo, sigue a la espera de la investidura. Pero algunas incógnitas energéticas empiezan a pasar al terreno de las certezas: el futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez pedirá la prórroga a Bruselas de la excepción ibérica más allá del 31 de diciembre, según las fuentes consultadas por este diario. Antes, sin embargo, el Consejo Europeo tendrá que dar su visto bueno —previsiblemente, a finales de ese mes, y previo análisis de la Comisión— a la prolongación del marco de medidas emergencia a raíz de la invasión rusa de Ucrania, en el que está enmarcada esta medida extraordinaria. Algo que España, que apura los últimos compases de la presidencia rotatoria, apoya con rotundidad.

El mecanismo ibérico, también conocido como tope al gas, lleva inactivo desde finales de febrero por una doble combinación de factores: la fuerte bajada del precio de este combustible en el mercado mayorista y, más recientemente, la paulatina subida del umbral de precios del gas a partir del cual entra en vigor. La excepción ibérica, por tanto, no tiene nada que ver con el reciente abaratamiento de la luz, guiado única y exclusivamente por la altísima generación renovable. Sobre todo, eólica.

Las autoridades españolas, sin embargo, no quieren renunciar a una herramienta que creen que podría ser muy útil si la cotización de este combustible vuelve a escalar, en especial tras el nerviosismo desatado por la guerra entre Israel y Hamás. Una posibilidad que no es ni mucho menos segura, pero que, con dos conflictos bélicos abiertos a las puertas de la UE y una creciente dependencia del GNL (el gas que viaja por barco y cuyo comportamiento es mucho más volátil), tampoco nadie se atreve a descartar.

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Si el mes que viene el Consejo da luz verde a la prórroga del paquete de medidas de emergencia para aliviar las consecuencias sociales y económicas de la crisis energética, las autoridades españolas transmitirán a Bruselas su intención de dar continuidad a un esquema que —según sus cálculos— ha permitido a los consumidores un ahorro de 5.000 millones de euros en el medio año largo en el que estuvo activa. Será, entonces, cuando eche a andar la negociación exprés entre las tres partes implicadas: Madrid, Lisboa y la Comisión Europea, a quien corresponde la última palabra.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico subrayan que el mecanismo —que califican de “escudo protector”— ha “estabilizado los mercados de futuros de la electricidad, reducido las facturas eléctricas de los consumidores y beneficiado al resto de la economía, especialmente conteniendo la inflación”. Aunque no se aplique desde febrero, enfatizan, “sigue actuando como un seguro frente a unos picos de precios que, afortunadamente, no se están registrando”. La intención del Gobierno es, por tanto, garantizarse la continuidad de este potente cortafuegos del que carecen el resto de Estados miembros, salvo Portugal.

Los cálculos oficiales apuntan a un descenso medio del 18% en el mercado mayorista desde el primer día que se aplicó la excepción, el 14 de junio de 2022. El máximo ahorro respecto al precio que habría resultado sin el tope al gas se dio en diciembre del año pasado, cuando rondó el 36%. El impacto también se trasladó a la esfera de la macroeconomía: según los datos del Banco de España, en 2022 redujo el año pasado la inflación en cinco décimas y permitió a España desligarse del resto de grandes países europeos.

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En Bruselas, no falta quien ve lógico que España y Portugal den el paso de pedir una prórroga. Algunos observadores cercanos de esta medida son conscientes de que ha funcionado pese a los recelos iniciales. Sería, dicen, una suerte de “por si acaso”, para evitar que —en un entorno de gran incertidumbre geopolítica— una potencial nueva escalada del gas se transmitiese directamente al mercado eléctrico, informa Manuel V. Gómez. No lo ven, pues, con malos ojos. Pero tendrán que estudiar los detalles.

El mecanismo ya se prorrogó una vez, a finales de abril, para que su ámbito de aplicación llegase hasta finales de 2023. Entonces, sin embargo, el Ejecutivo comunitario fijó un calendario de subidas en su umbral de activación: ha ido aumentando desde los 40 euros por megavatio hora (MWh) iniciales en el mercado ibérico del gas, hasta los casi 64 euros actuales y los 65 del mes que viene. Hoy, este combustible cotiza en menos de 35 euros, por lo que su activación sigue siendo lejana.

En su día, para recibir la autorización de Bruselas, los dos países ibéricos alegaron —ante todo— su aislamiento energético respecto al resto del continente. “La península Ibérica tiene una situación muy específica”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en marzo del año pasado, cuando dio la luz verde a la creación de esta excepción. “Tienen un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy pocas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en este tratamiento especial”. En un momento dado, el otoño pasado, el Ejecutivo comunitario llegó a sopesar la extensión de la medida al resto de Estados miembros, una idea que finalmente se desechó pese a los buenos resultados en España y Portugal.

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Hace 10 días, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró abiertamente favorable a prorrogar el paquete de emergencia con el que los Veintisiete han hecho frente a las consecuencias económicas de la guerra, y que es el paraguas legal en el que se inscribe la excepción ibérica. “Mi inclinación natural es que, dado que no han generado distorsiones y han funcionado bien, todas las medidas habilitadas hasta la fecha se extiendan hasta cuando sea necesario”, deslizó en el Parlamento Europeo. Eliminarlas, añadió, “sería una señal a los mercados de la que podríamos arrepentirnos”.

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