Desde marzo de 2025, las compañías en España han comenzado a realizar deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los sueldos de los empleados que ganan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este ajuste ocurre tras el aumento del SMI a 16.576 euros por año en 14 mensualidades (1.184 euros al mes), aprobado a mediados de febrero con efecto retroactivo desde enero. Diferente a incrementos previos, esta subida no fue acompañada de una actualización del mínimo exento de IRPF, que sigue siendo de 15.876 euros anuales, lo que significa que, por primera vez, quienes reciben el SMI están sujetos a deducciones impositivas.
Ejecución de las deducciones
Las compañías funcionan como mediadoras entre los empleados y la Agencia Tributaria, teniendo la obligación de aplicar deducciones de IRPF una vez se alcanzan determinados niveles salariales. Estas deducciones son anticipos que el empleador resta del sueldo para depositarlos en Hacienda, facilitando que el impuesto se obtenga de manera escalonada y regular. Por lo general, las grandes corporaciones efectúan estas deducciones cada mes, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) las realizan cada trimestre.
Después de que el nuevo SMI fue anunciado en el Boletín Oficial del Estado, las empresas han modificado las nóminas para incluir las nuevas retenciones. Aunque algunas no pudieron realizar los cambios en febrero, la mayoría ha comenzado a implementarlos en marzo. Estas retenciones son más elevadas de lo habitual para compensar las que no se efectuaron en enero y febrero.
Consecuencias para los trabajadores
Impacto en los trabajadores
Para estos empleados, la deducción anual es de cerca de 300 euros, lo que representa un tipo de retención del 1,81%. Esto se refleja en una reducción de unos 21 euros por cada una de las 14 nóminas. Aunque la cifra pueda parecer baja, significa que el IRPF consumirá el 42% del incremento salarial.
En situaciones distintas, como la de un empleado con pareja y un hijo menor de 3 años, no se aplicarán retenciones de IRPF debido a las ventajas fiscales otorgadas a familias con hijos pequeños. Para un trabajador con pareja y un hijo mayor de 3 años, la retención será menor, aproximadamente 99,46 euros anuales, lo que corresponde a un tipo del 0,6%.
Discusión política y social
La implementación del IRPF en los salarios más bajos ha causado divisiones en el Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó que no sabía que el aumento del SMI llevaría a esta situación hasta que lo vio en los medios, lo cual ha sido negado por el ala socialista del Gobierno. En contraparte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó a Díaz acusándola de adoptar discursos populistas al argumentar que las rentas más bajas deberían quedar exentas del impuesto.
La aplicación del IRPF a los salarios más bajos ha generado división dentro del Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó desconocer que la subida del SMI implicaba esta novedad hasta que fue publicada por la prensa, información que la parte socialista del Gobierno ha desmentido. Por su parte, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Díaz de caer en discursos populistas al defender que las rentas más bajas deberían estar exentas del impuesto.
Esta decisión ha sido objeto de críticas y debates en el ámbito político y social. Algunos argumentan que la medida afecta negativamente a los trabajadores con menores ingresos, reduciendo el impacto positivo de la subida del SMI. Otros defienden la necesidad de mantener una cultura de responsabilidad fiscal, donde todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos en función de sus ingresos.
Consideraciones finales
La implementación de retenciones de IRPF a los perceptores del SMI marca un cambio significativo en la política fiscal española. Si bien la medida busca mantener la equidad y la sostenibilidad del sistema tributario, es esencial evaluar su impacto en los trabajadores de menores ingresos y considerar posibles ajustes que mitiguen efectos adversos. El equilibrio entre una política fiscal justa y el bienestar de los ciudadanos continúa siendo un desafío para las autoridades.
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