Amnistía: ¿Es económicamente viable un cupo para Cataluña? | Economía

Las negociaciones para formar Gobierno han llegado a su recta final y se han plasmado en multitud de cesiones por parte del PSOE a los partidos nacionalistas e independentistas, con la ley de amnistía como piedra angular. Pero los acuerdos con las distintas formaciones también recogen declaraciones de intenciones y listas de deseos. Una de ellas viene de Junts, que propone modificar la ley de financiación autonómica para que se facilite a Cataluña la cesión “del 100% de todos los tributos que se pagan” en la comunidad. Ese movimiento, al que el PSOE no ha dado luz verde, abriría la puerta a instaurar un régimen fiscal más parecido al vasco y al navarro que al del resto de territorios, restando recursos no solo al sistema de financiación autonómico, sino a las arcas del Estado para sustentar políticas públicas a nivel nacional, alertan los expertos.

“El impacto se notaría tanto en el sistema de financiación autonómico como en los ingresos del Estado”, señala Ángel de la Fuente, economista y director del centro de análisis Fedea: “La contribución de Cataluña al sistema de financiación autonómico son unos 2.000 millones, y podríamos vivir sin ellos. Pero la aportación de los ciudadanos de Cataluña a través de los impuestos estatales supera los 20.000 millones, más la parte que se le impute del impuesto de sociedades. Es una parte importante de los ingresos del Estado”.

“No estamos hablando de cantidades triviales. El Estado estaría renunciando a recaudar impuestos en el 20% de la economía del país [el peso de Cataluña en el PIB nacional], que se suma a que ya no puede recaudar en el otro casi 8% que representan País Vasco y Navarra. Esto limitaría la capacidad de reacción antes crisis y afectaría a la financiación de las políticas generales del Estado [infraestructuras, pensiones…]”. Por otro lado, “con la cesión Cataluña dejaría de aportar a la solidaridad entre regiones y a cualquier aumento de impuestos que se hiciera para compensar esta menor aportación. Zubiri concluye que “darle un Cupo o pseudo cupo a Cataluña es doblemente perjudicial porque desmantelaría el sistema de financiación y pondría en peligro la política económica del gobierno central”. Señala también que “aunque la propuesta de Junts no define cómo será la cesión, si esta se acompañara de más competencias normativas sobre los impuestos, se abriría una vía para la competencia fiscal y la creación de desigualdades fiscales regionales”.

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El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, cuenta con una bolsa común en las que acaba el 50% de la recaudación normativa o teórica —la que tendrían si no aplicaran bonificaciones o deducciones— por el impuesto sobre la renta (IRPF) de sus residentes, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. A este dinero se añaden otros recursos autonómicos y aportaciones del Estado, y el total se reparte entre las autonomías según unos mecanismos de nivelación que reducen las diferencias entre territorios ricos y pobres. Las únicas comunidades aportadoras netas a este sistema son Madrid, Cataluña y Baleares. En 2021 brindaron, respectivamente, 6.300, 2.168 y 334 millones al sistema, según los cálculos reflejados en el estudio publicado por Fedea.

País Vasco y Navarra se rigen por un esquema distinto, reconocido por razones históricas y amparado por la Constitución: cuentan con unas haciendas propias que gestionan y liquidan el grueso de los tributos estatales (como el IRPF o sociedades) —aunque no tengan competencias normativas sobre todos ellos— y a la vez tienen transferidas más competencias que el resto de autonomías. Para financiar los servicios generales que no tienen asumidos, como los de defensa, pagan al Estado una cantidad —el cupo vasco y la aportación navarra—, cuyo cálculo está constantemente en el punto de mira: políticos y analistas denuncian que los importes se determinan según juegos políticos, y no a través de cálculos reales, permitiendo que cuenten con más recursos en comparación con el resto de las autonomías y a la vez contribuyan menos a la solidaridad territorial.

En otras palabras, si en el régimen común es el Estado quien recauda y luego reparte para asegurar un cierto nivel de simetría entre territorios, en el foral son las haciendas locales quienes gestionan los tributos y luego dan una parte a la Administración central.

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“Económicamente sería posible, pero generaría un enorme agravio comparativo que no veo posible de gestionar. El sistema foral hoy es una anomalía en el mundo. Y su aplicación injusticia fiscal. Ampliarlo hacia Cataluña, sin ningún tipo de anclaje constitucional, agravaría esa anomalía e injusticia”, zanja Santiago Lago, catedrático en la Universidad de Vigo. Alejandro Esteller-Moré, catedrático en la Universidad de Barcelona e investigador en el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) cree que “un concierto en Cataluña sería muy duro de asimilar”: “Habría que compensar a las comunidades perdedoras, y no se podría hacer solo con las ricas del sistema (Madrid, Baleares…), porque para ellas sería inasumible”.

De la Fuente alerta de que otras comunidades, como Baleares y Madrid, podrían reclamar el mismo trato. “Sería embarcarse en una deriva confederal muy peligrosa desde el punto de vista de la solidaridad y del mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar. Ir a un sistema de cupo para Cataluña es malo en sí, y mucho peor si se calcula como el vasco”, zanja.

“Radicalmente falso”

El PSOE subraya que la cesión de tributos es una propuesta de Junts, a la que la formación de Pedro Sánchez propone en cambio medidas “que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado” de la comunidad. En esta ecuación entraría la condonación de parte de la abultada deuda que la comunidad tiene con el Estado, pactada con ERC. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha salido este viernes a revalidar la posición de los socialistas, señalando que es “radicalmente falso” que el Estado vaya a ceder el 100% de los tributos a Cataluña en el marco del acuerdo entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “En ningún momento se ha planteado que el PSOE o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributos ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma”, ha dicho en el Congreso.

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Zubiri, de la Universidad del País Vasco, alerta sobre otro aspecto: el control del fraude. Los inspectores de Hacienda ya han denunciado los daños que causaría romper la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). “La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la Administración General del Estado”, lamentaba la Asociación de los Inspectores de Hacienda del Estado en un comunicado publicado el jueves.

De momento, todo está en el aire, no hay ningún pacto sobre la financiación de Cataluña entre PSOE y Junts, ni el texto hace referencia a un acuerdo. “Constata que hay posiciones opuestas”, corrobora Lago. “Y estoy convencido de que seguirán así, sin posibilidad de convergencia en las posiciones; lo que en última instancia dará a Junts motivos para romper el acuerdo con la justificación de que no ha habido avances. Creo que será difícil que el acuerdo se mantenga cuatro años”.

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